Dentro del apartado de colaboraciones incluimos este artículo de Rodolfo Benito Valenciano (secretario confederal de Estudios de CC.OO. y presidente de la Fundación Primero de Mayo) Francisco Gualda Alcalá (director del gabinete de Estudios Jurídicos de CC.OO.)
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| Paco Gualda |
Estamos en tiempos de crisis del sistema, en tiempos en los que se derrumban elementos estructurales que han venido conformando nuestro sistema económico, político y social, y se desatan las fuerzas que tienden a conformar unos nuevos equilibrios que recojan la posición de dominio que determinadas opciones políticas, clases sociales o estructuras de poder han alcanzado. Esto somete a tensión no solo el contenido de los derechos sociolaborales más básicos, como la educación, la sanidad, la estabilidad en el empleo, la vivienda o las políticas públicas de integración social, sino el espacio de libertades que posibilitan la participación ciudadana y, sobre todo, de las organizaciones y colectivos sociales en el debate político, que es el terreno en el que se adoptan las decisiones que van conformando un nuevo modelo de organización social.
Por tanto, no es extraño que un proyecto de creación de un modelo socioeconómico que maximiza el beneficio de determinadas corporaciones y estratos sociales, a costa de los servicios públicos y de la exclusión social y laboral de las personas con menor capacidad económica, haya acudido a elementos autoritarios para impedir, justamente, la respuesta de la sociedad civil organizada, ante lo que se presenta como una ruptura de los consensos básicos de nuestro modelo de convivencia.
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| Rodolfo Benito con Almudena Grandes, Toxo y ni más ni menos que el gran Antonio Baylos... |
La reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana encierran dos fines esenciales para ese nuevo modelo que se anuncia: criminalizar la protesta social, dotando de elementos autoritarios para disuadir, intimidar e inhabilitar económicamente o mediante la privación de libertad, a los promotores, instigadores o ideólogos de tales movimientos sociales; y dotar de principios de ordenación al modelo penal que profundice la ya consolidada opción de política legislativa a favor del tratamiento carcelario como respuesta a las nuevas formas de marginación social.
La represión de los conflictos, protestas, manifestaciones y concentraciones se hace por toda una batería de vías: aumentando la sanción penal que estaba prevista y ampliando el catálogo de conductas delictivas, aumentado las atribuciones de la autoridad gubernativa para sancionar toda una tipología de medios de expresión colectiva y reduciendo las garantías judiciales que se vienen aplicando en la preservación de los derechos fundamentales, incluida la libertad sindical y la libertad de reunión y manifestación. En este mismo contexto se inscribe la anunciada regulación de los servicios esenciales en caso de huelga, dotando a la autoridad gubernativa de nuevos poderes para restringir un derecho fundamental.
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| Concentración de colectivos de la Cumbre Social ante la Ley de Seguridad Ciudadana y el recorte de libertades |
Estamos ante una ruptura grave de los equilibrios de nuestro sistema de convivencia expresado en el pacto constitucional. Este deja de ser reconocible si ante las demandas ciudadanas de mayores y mejores mecanismos de participación democrática, se responde con las restricciones en el derecho de reunión y manifestación, lo mismo que la libertad de expresión pública, en los momentos en que incorpora la crítica o la protesta frente a las políticas de la mayoría gobernante. Y deja de ser reconocible el Estado social que proclama la Constitución cuando el desmontaje sistemático de los servicios sociales y de los elementos de integración social y reparto de rentas los sustituye por vías que expanden la respuesta carcelaria ante un nuevo contexto social en el que amplias capas de la población quedan al margen de cualquier posibilidad de integración laboral y promoción social.
Es una respuesta a las demandas sociales, pero una respuesta justo en el sentido equivocado, que asume el autoritarismo como un nuevo rasgo de nuestro sistema político.
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