Las filtraciones a través del sitio Wikileaks han puesto de manifiesto muchas cosas, que no por sospechadas, dejan de ser relevantes. Yo destacaría una: el continuo tratamiento como menores de edad con que los gobiernos en general tienden a considerar a sus ciudadanos, a tenor de las explicaciones que les dan de los acontecimientos económicos o políticos.
Viene esto a colación, por el relato que se está planteando para justificar las reformas del Sistema Público de Pensiones (SPP). Se viene a asegurar, desde instancias gubernamentales, que la situación de emergencia de España requiere de actuaciones en una determinada línea. “Calmar a los mercados” viene a ser el razonamiento mágico para justificar la necesidad de elevar la edad de jubilación a los 67 años. ¿Cómo y por qué los calma? Ni idea y nadie lo explica. Así fue el plan de ajuste, la reforma laboral, ahora las pensiones… ¿Se calmaron los mercados? No. Se trata de repetir y repetir una idea hasta que se asuma como indudablemente cierta y justifique lo injustificable.
Convendría plantear alguna cosa. Primero, es cierto que el Estado Español tiene un serio problema de déficit. Déficit que, no olvidemos, es consecuencia y no causa de la crisis, o para ser más exactos, de la especial repercusión de la crisis en una economía excesivamente dependiente de sectores vinculados a la combinación de crédito barato y abundante, con burbujas especulativas ligadas a un desarrollo demencial de la construcción residencial. Pero a fin de cuentas, un serio problema de déficit.
¿Hay que reducir ese déficit (que llegó a estar por encima del 11%)? Evidentemente sí. Bajo nuestro punto de vista de forma mucho más equilibrada, atacando también los ingresos públicos y sin “recetas de caballo” que van a suponer ralentizar aún más la superación de la crisis económica.
Ese déficit (más gastos que ingresos) tiene que ser financiado a día de hoy con la emisión de deuda pública, por la cual el estado tiene que pagar un interés a plazo diferido a los inversores (los famosos mercados) que la compran. Esto tiene dos problemas. Uno, que como la crisis es global más países están emitiendo deuda, hay mucha en el mercado y por tanto, para “colocarla” hay que garantizar más “beneficio” a los que la compren. Dos, que la situación de España y su fiabilidad a futuro no pasa por buenos momentos, sobre todo en comparación con la locomotora alemana, por lo que si quiere “colocar” sus emisiones de deuda tiene que pagar bastante más que Alemania a los potenciales compradores (de ahí el famoso diferencial de la prima de riesgo con el bono alemán que tan célebre se ha hecho en los últimos tiempos).
Además, es esta Europa inacabada y conservadora, la actuación especulativa de inversores sobre determinados países está encareciendo la deuda, con mecanismos perversos que ahora sería extenso explicar.
Ante todo esto ¿qué hacer? A enormes rasgos, mejorar la viabilidad futura del país promoviendo un cambio en el modelo de desarrollo, aparato productivo combinado con un reparto más equitativo de la riqueza. Por otro lado, actuaciones a nivel europeo tendentes a dar una estabilidad a la deuda de los países con problemas, sobre todo frente a especuladores (por ejemplo desincentivando tal especulación con la posibilidad del BCE de adquirir deuda en determinadas circunstancias o con la emisión de Eurobonos).
Y dirá el lector que ha llegado hasta aquí ¿Y qué tiene que ver esto con las pensiones? Pues eso me gustaría saber a mí. Porque lo cierto es que a día de hoy, se plantean medidas de recorte en el sistema de pensiones que tendrían (dicen) la virtualidad de calmar a los mercados y son condición sine qua non para el futuro de España.
En opinión de CC.OO. de Euskadi para abordar reformas en el SPP hay que despejar una incógnita previa ¿Lo hacemos para garantizar la viabilidad futura del sistema? ¿O lo hacemos para conceder a los inversores financieros la pieza de caza mayor que supondría una reducción del nivel de cobertura de las pensiones públicas, y su sustitución por sistemas privados de capitalización? Vuelvo a Wikileaks: Digan a la gente la verdad. CC.OO. sólo juega en el campo de garantizar el futuro del sistema. ¿El resto de actores?
Con esa incógnita despejada por nuestra parte, seguimos. Somos conscientes de que en el futuro va a haber que pagar más pensiones (más personas jubiladas), de mayor cuantía (las bases de cotización van a ser mayores) y durante más tiempo (mayor esperanza de vida). Esto se traduce fácil: un incremento sustancial del gasto en pensiones públicas en los próximos lustros. Estas variables van a ser necesariamente así. Hay otras que no están tan claras, sobre todo la población ocupada que habrá y el crecimiento económico y productivo que se dé en el futuro para sostener el sistema.
Ante esto ¿Qué hacer? Se plantea aumentar de forma generalizada la edad de jubilación a los 67 años, incrementar los años cotizados para acceder a pensiones, a la vez el periodo de cómputo para calcular pensión y otras. Estas medidas combinadas supondrían excluir a un buen número de personas de la pensión contributiva y una diminución importante de la pensión. Son un ataque sin precedentes al sistema. Nos negamos rotundamente a esta lógica porque entendemos que lo que realmente esconden es generar en gran parte de la población, la idea de que no van a tener una pensión suficiente (por no llegar a cotizar tantos años, o porque su actividad les impedirá trabajar hasta edades tan longevas)y por tanto suscriban seguros de jubilación privados que terminen siendo sustitutivos y no complementarios del sistema público.
CC.OO. tiene alternativas. Es perfectamente posible reforzar los mecanismos voluntarios de jubilación flexible ya existentes, tanto para anticipar la edad con coeficientes reductores que sigan garantizando la neutralidad financiera como para atrasarla para las personas que lo deseen estableciendo los incentivos que se precisen.
Es perfectamente posible mejorar la contributividad del sistema (relación más ajustada entre lo que se aporta y se percibe) si se contempla a su vez el tratamiento a carreras de cotización largas, o personas que pierden el empleo con más de 50 años y tienen difícil reinserción laboral
Es perfectamente posible, en definitiva, ir adoptando medidas que adecuen el sistema a la evolución de las distintas variables, que garanticen su financiación preferentemente con cuotas sociales, y excepcionalmente por otras vías (y ahí habría un interesante debate), siempre y cuando se quiera mantener el modelo de pensión pública y de reparto que tenemos.
Sí lo que se quiere es enjuagar el déficit público precisamente en la única gran institución social que a día de hoy no lo genera, o romper cierto consenso político precisamente en la única razón de estado que aparentemente lo concita, o entregar la cabeza de lo público en bandeja de plata a los sistemas de capitalización privados, asúmase, explíquese y páguese el precio político correspondiente.
Porque el precio de la movilización social y sindical va a ser claro y visible. Sin cables, ni filtraciones, ni teletipos ni Wikileaks.
