Los días 21 y 22 de Noviembre pude participar en un encuentro sobre la crisis y sus efectos en Europa. Con participantes sindicales (CGIL Toscana, LO Suecia, DGB y CC.OO. de Euskadi), políticos (SPD y Partido Democrático), así como representantes de la universidad, del periodismo y responsables de Fundaciones de Estudios. Los dos diás de trabajos fueron clausurados por la Secretaria General de la CGIL, Susanna Camusso.
Destacaría el notable grado de sintonía entre todos los participantes a a la hora de diagnosticar la crisis y sus causas, el rechazo a las políticas de ajuste y el riesgo para Europa y sus trabajadores. Igualmente una gran mayoría de intervinientes reclamamos una mayor integración en las políticas europeas, como condición necesaria para disminuir la presión de los mercados sobre el modelo social europeo. Se reivindicó el valor central del trabajo como elemento de distribución de renta y de legitimador de auténticas democracias.
Tuvimos el honor de intervenir en la vieja Universidad de Florencia, con una estatua de Galileo Galilei recibiéndonos todas las mañanas y sabiéndonos observados, a lo lejos, desde la Galería Uffizi, por Niccolas Maquiavelo. En la Italia post-Berlusconi y en la Europa de la receta única, tal duelo tenía su morbo. Tras dos días de trabajo, el sindicalismo europeo debe apostar claramente por el genio de Pisa: “Eppur si muove”. Y si no, habrá que moverlo...
Traslado mi intervención, no literal sino rehecha desde el guión que llevé y la memoria. En otra entrada incluiré algunas de las ideas que dejaron otros ponentes, siquiera señaladas.
La crisis en España y su especificidad más relevante, la enorme tasa de desempleo tiene que ver al menos con estos elementos:
• La deficiente composición de su tejido productivo, con un excesivo peso de la construcción y los servicios de poco valor añadido.
• Las tasas de desempleo, estructuralmente altas, incluso en los años anteriores al estallido de la crisis, pese a haber alcanzado récords propios en población ocupada y cotizantes.
• La especial afectación de la crisis financiera en el modelo de crecimiento español de los últimos años.
En efecto, el crecimiento en España se ha dado sobre la base de un enorme endeudamiento privado, vinculado a un flujo de crédito externo de grandes magnitudes. Pese a los bajos incrementos de la productividad de la economía real y una pérdida de peso de las rentas salariales en el conjunto de la renta nacional, la sensación de riqueza, la demanda interna atravesaron su década prodigiosa en una especie de festín de crecimiento continuo.
Las cifras de la contabilidad nacional atravesaban igualmente una aparente buena salud. Con una presión fiscal comparativamente baja, las administraciones públicas parecían manejar con solvencia nuestras cuentas públicas. Hasta el estallido de la crisis España mantenía un superávit público (diciembre de 2.007) y el nivel de deuda pública rondaba el 30% del PIB. Muchos mejores datos que otras economías próximas e incluso más potentes.
Se daba igualmente una dinámica a la que se asociaba una parte no menor del endeudamiento privado y buena parte de la recaudación pública. Era la subida continua del precio de la vivienda, que actuó durante todos estos años como una especie de bien colateral al que se asociaba la capacidad de endeudamiento de todos los agentes privados (bancos, cajas, promotoras, familias, administraciones sobre todo locales...)
Todo esto se puede expresar en datos que dejan escasos márgenes a las dudas. Entre 1990 y 2011 el crédito concedido por el sector financiero español a los residentes pasó del 68 al 171% del PIB. Los créditos con garantía hipotecaria del 18% del PIB al 98% del mismo.
Ese volumen de crédito concedido se ha captado en buena parte en el exterior. 761.200 millones de euros es la deuda de las entidades financieras españolas en el exterior, con vencimientos medios de 3 años, mientras los créditos hipotecarios tienen una media de duración de 25 años.
La deuda privada en España, excluyendo la de las entidades financieras asciende a 2,8 billones de euros. Las empresas deben 1,2 billones, 45% del total; las familias tienen pendiente de pago más de 880 mil millones (31% del total); las AAPP pasaron de 300 mil millones a 682 mil en los últimos tres años.
Por tanto, y a modo de breve conclusión, no es la deuda ni el déficit los causantes de nuestros especiales problemas. En todo caso son la consecuencia de los mismos. Los datos del déficit desmesurado son consecuencia de la caída de la actividad y por tanto de los recursos. La deuda pública en España sigue en niveles comparativamente aceptables( algo más del 65% del PIB) mucho más bajos que por ejemplo en Italia o en EEUU donde superó el 100% de su PIB el pasado verano.
Por tanto el problema no es de elefantismo público. Es de tejido productivo, es de productividad de la economía real, es de distribución de renta, y es de un modelo de desarrollo perverso que dopó con crédito abundante las deficiencias estructurales de la economía española.
Políticas realizadas hasta ahora
El gobierno español, después de negar reiteradamente la profundidad de la crisis, acometió una serie de políticas que podríamos denominar keynesianas. Especialmente relevantes fueron el Plan E, destinado a mantener una actividad en la construcción que se paralizaba de forma abrupta. En algunas zonas del estado esto suponía que muchísimos trabajadores quedaban en paro sin expectativas de encontrar empleo.
Otra medida relevante fue la creación de una especie de subsidio para desempleados de 426 euros. Estas medidas, en un momento de caída de recursos públicos y al no adoptar medidas fiscales que ampliasen la base de recaudación contribuyeron a disparar el déficit público que llegó a superar el 11% del PIB.
Después de Mayo de 2.010 el Gobierno cambió sus políticas apostando por medidas de austeridad. Priorizó absolutamente la reducción del déficit público, lo que a la postre está siendo otro lastre en la actividad económica española, ya muy debilitada por la caída de la demanda interna, el incremento del paro y el parón del crédito.
Igualmente resolvió una serie de las llamadas reformas estructurales en materias como mercado laboral, negociación colectiva y pensiones. Sólo esta última contó con un acuerdo social para una reforma equilibrada que evitó medidas cortoplacistas que debilitasen decisivamente la seguridad social y es sistema público de pensiones. Por contra, logramos un acuerdo que abordó de forma conjunta medidas respecto al gasto, al ingreso y a los comportamientos ante el sistema, y que incluyó a nuevos colectivos en el sistema general de la Seguridad Social.
En las otras reformas sintetizando mucho podemos decir que son medidas de liberalización y perdida de garantías en el mercado de trabajo. Facilitando el despido y la inaplicación de los convenios colectivos sectoriales a través de distintas fórmulas que permiten aplicar condiciones menos favorables en las empresas. Todo eso en un tejido de empresas dominado por la PYME e incluso la microempresa.
Todo ello se ha dado en un contexto de presión creciente de los inversores en los mercados de deuda, disparando la prima a pagar por el estado lo que deteriorará su solvencia futura y trasladando una presión política para adoptar medidas de austeridad y de desrregulación. La llegada del PP al gobierno acentuará estas políticas y pueden ser un grave riesgo para los derechos de los trabajadores y para el país. Desaparecida la posibilidad de devaluar la moneda, la devaluación interna también de los salarios puede ser la alternativa de fondo para buscar ganar competitividad desarticulando la negociación colectiva, medida también planteada en Italia.
Lo que puede hacer un país y lo que debe hacer Europa
La adopción de las medidas descritas y equiparables a las de otros países están agravando la situación. Este año lo cerraremos con un crecimiento en torno al 0'7% y el que viene probablemente con una recesión.
España tiene sus propias debilidades sobre las que tiene que actuar.
• Una economía que debe diversificarse para generar más valor requiriendo de sectores tecnológicos y de una política industrial que lo favorezca
• Mejorar la productividad en base a criterios distintos que el deterioro del trabajo. Serán claves las políticas de formación para el empleo, la apuesta pública y privada por la I+D+i.
• Mejorar su sistema fiscal y de redistribución. La presión fiscal sobre las rentas más altas, los rendimientos distintos a los provenientes del salario y algunas figuras impositivas deshechadas tienen márgenes para mejorar la recaudación fiscal sin deteriorar la actividad económica
• Mejorar nuestro mercado de trabajo mediante nuevas inercias. En España la tasa de temporalidad se ha situado normalmente por encima del 30%. Esto unido a un despido sencillo conlleva una flexibilidad externa en la que las empresas contratan precario y despiden fácil como método de adaptación a los ciclos de demanda. Para nosotros es una visión errónea que genera incentivos negativos respecto a temas tan importantes como la formación continua y la cualificación del trabajo. Frente a ese esquema necesitamos otro que permita mayor intervención sindical. Un esquema de flexibilidad interna pactada para mejorar la adaptabilidad de las empresas y los cambios de ciclos. La pretensión empresarial es la de actuar unilateralmente lo que sabemos que será un riesgo para los derechos laborales. Un esquema de participación sindical es clave para gobernar los cambios y las adaptaciones haciéndolo compatible con garantías para los trabajadores.
Me detengo aquí un momento. En mi opinión las opciones entre un esquema y otro tienen más que ver con el aparato productivo de un país que con la norma laboral.
En el País Vasco con cifras de crecimiento económico durante la crisis similares a las del conjunto de España, el comportamiento del empleo ha tenido características propias. Mientras en España el paro se disparó en apenas dos años, en Euskadi el número de trabajadores que fueron al paro es similar a los que han pasado por Expedientes de Regulación de Empleo de carácter suspensivo. Son situaciones en las que se reduce o se suspende la jornada de trabajo, pero no se rompe el vínculo laboral. El trabajador percibe una parte de su prestación de desempleo y habitualmente pactamos mejoras con la empresa. De esta forma, se adecua el volumen de trabajo a la caída temporal de demanda. Estos expedientes han sido casi siempre con acuerdo entre las partes y por encima del 80% de los trabajadores afectados han vuelto a trabajar en la misma empresa. Y todo ello con la misma norma laboral, los mismos procedimientos y los mismos sistemas judiciales que en el resto del estado, donde esta figura se ha utilizado mucho menos ¿Por qué? Porque un tejido productivo más industrial, que requiere de puestos más cualificados, donde la formación o la cualificacion adquirida es un activo que aporta valor a la empresa tiene más incentivos para generar unas determinadas prácticas laborales. Un modelo de empresa que pretende rentabilizarse en buena parte a través del ajuste salarial, que genera puestos de escaso valor añadido y pretende trabajadores desechables, genera otro tipo de práctica laboral de precariedad.
Pero hay otros componentes de la crisis que no permitirán a ningún país de forma individual salir de la misma si no hay una acción supranacional.
• Las crisis de deuda soberana van a hundir las posibilidades de reactivar la economía. El coste de la financiación de los países llamados periféricos será un lastre para sus economías.
• Esta debilidad a la hora de financiarse, la deficiente actuación europea y las propias opciones ideológicas van a profundizar en medidas de austeridad y recorte, que alejarán la reactivación económica y debilitarán el modelo social europeo.
Debe avanzarse en una acción europea mucho más integrada. No necesitamos menos Europa sino más. Avanzar en la constitución de una Reserva Federal Europea, en la emisión de eurobonos. En Fórmulas que permitan refinanciar las deudas y déficits de los países en niveles razonables mancomunando las mismas, y poniendo freno a las actuaciones especulativas.
• Necesitamos más sindicalismo europeo también. Reforzarnos como contraparte necesaria en una construcción más democrática de Europa. La UE se ha constituido como un libre espacio de intercambio de bienes y servicios, una moneda única y una política monetaria destinada a controlar la inflacción. Y poco más. Ese modelo es manifiestamente insuficiente. Ese modelo puede llevar a Europa y al euro al abismo.
Y para terminar sólo dos apuntes más.
• De fondo, el modelo de crecimiento está en cuestión. El crédito como elemento central de aceleración económica puede estar tocado para mucho tiempo. En un momento en el que el centro de gravedad de la discusión política está entre la pugna acreedores-deudores, una visión alternativa y progresista necesita situar ese centro de gravedad en replantear el modelo de redistribución de la riqueza, en un contexto distinto, supranacional
• Los problemas económicos de un país como España no son ajenos a los de los países centrales de Europa. En la ultimas décadas se ha dado un formidable trasvase de recursos de algunas zonas del mundo en las que se han dado mayores procesos de acumulación de capital, a otras a través del crédito y el endeudamiento. Dentro y fuera de Europa. España o Irlanda o los propios EEUU cebaron así su economía. Pero ese flujo de crédito asumió riesgos compartidos porque también a los que prestaban les interesó esta dinámica. Para ver remunerado su capital, y porque la expansión económica de la periferia era condición necesaria para exportar su capacidad productiva del centro. Por tanto estamos ante un círculo que se consideró virtuoso y que el estallido de la crisis y la estafa financiera convirtió en vicioso. Si los gobernantes conservadores creen que cada país debe apañárselas con lo suyo, se equivocan porque los problemas son compartidos
Los términos del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, sus normas de disciplina fiscal y
los efectos derivados en España y en propio ámbito de la autonomía vasca, topan
el límite de déficit en el 0,7% del PIB
de la CAPV (el previsto para 2015 ascendería a 67.081 millones de euros).
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