La limitación por norma constitucional del déficit público ha sacudido la política del país. A bote pronto se me ocurren tres reflexiones:
Una, relacionada con un hecho que cada vez parece más claro. Entre unas cosas y otras, se ha terminado por instalar la idea de que el eje de bóveda de la actuación anticrisis es la austeridad presupuestaria, consolidación fiscal, equilibrio presupuestario. De fondo una percepción equivocada y perversa: estamos en la que estamos por manirrotos gastadores de dinero… público. Han conseguido que una crisis de sobreendeudamiento fundamentalmente privado, financiarización económica y desregulación de mercados se perciba socialmente como una crisis de despilfarro publico.
La segunda, el fondo y la forma de la reforma suenan a una especie de réquiem por la política, por no decir por la construcción política de Europa y hasta por la soberanía de los distintos espacios de poder público de los que nos hemos dotado.
La tercera, con todo y con esto, me da que es una reforma difícilmente constitucionalizable y llegado el caso de casi imposible aplicación.
Intentaré explicar las tres reflexiones a trazos gestálticos, como los impresionistas. O sea a pinceladas desordenadas que al final se supone que definen algún tono o alguna forma. Veremos.
Sobre el déficit. El déficit público es una consecuencia de la crisis, y no el causante de ésta. En el cierre de 2007 España tenía un superavit público superior al 2% del PIB. 24 meses después superaba el 11% de déficit. ¿Por qué? Sobre todo por la caída de actividad económica (más paro, menos demanda…) y la brutal caída de recaudación.
No se trata de hacer apología del déficit. El déficit sale caro. Cuando un país tiene un déficit de ese calibre, está claro que tiene un problemón. Tiene que reducirlo, y mientras lo reduce, necesita financiarlo para cubrir sus necesidades en los plazos cortos y medios. Para ello, o incrementa la recaudación o se endeuda. Emite deuda por la que tiene que pagar un interés.
Cuando se emite deuda pública, los países con peores perspectivas económicas tienen que pagar más caro para colocar la suya, y además se están dando movimientos de carácter especulativo para que los inversores que pueden adquirirla obtengan la máxima rentabilidad. A costa claro, de un mayor pago por esos recursos que el emisor de deuda necesita, lo que le puede estrangular en los plazos cortos o hacer casi quebrar en los largos. Cosas del "dejar hacer" liberal, la autorregulación.
Sin embargo una norma legal que impida dogmáticamente mantener un déficit público reconducible en el futuro, está lastrando la propia capacidad del estado de hacer política económica anticíclica (estimulando la demanda cuando la privada cae o la economía se estanca); también de mantener redes de protección social que hagan frente a las consecuencias de la crisis (paro y pobreza). En el fondo se está condenando a mantener un déficit futuro, no sólo fiscal, sino social. El gran problema de España es su paro, la composición de su tejido productivo, la productividad de una economía que se ha basado excesivamente en elementos con píes de barro. Eso está determinando el déficit.
Se puede hacer un ejercicio de hipótesis. Con la norma que impidiera mantener déficits públicos (en los términos y estructura legal que se determine): ¿qué hubiera tenido que hacer el Estado Español en los 24 meses en los que sus cuentas públicas sufrieron un pendulazo de más de 13% del PIB pasando de 20.000 millones de superávit a 117.000 de déficit? ¿Reducir su gasto público en esos términos hasta el equilibrio presupuestario? ¿Qué consecuencias sociales hubieran tenido esas medidas? ¿Y económicas? ¿Hasta dónde y cuándo hubiera llegado una recesión de detraer de la economía esos recursos?
Sobre Europa y la política. En una entrada anterior traté de hacer un relato simple sobre la relación en la UE entre la canalización de crédito de las entidades financieras de los países centrales a las de los llamados periféricos. Cómo esto había generado un crecimiento basado en endeudamientos muy altos (en el caso de España con un bien colateral como la vivienda y su precio como elemento clave de este proceso). Y sobre todo, cómo se habían compartido responsabilidades entre los actuales acreedores y deudores, lo que obligaba a alguna forma de mutualización de la respuesta al colapso de esa sobredosis de flujo de crédito.
En ese sentido debían ir medidas como la creación de fondos que pudieran adquirir deuda pública o la emisión de eurobonos, con la idea de aliviar la presión especulativa sobre las deudas soberanas, e impedir que el servicio de la misma (su pago) estrangule el crecimiento futuro de los países (lo que incidirá en su viabilidad de mañana, claro…).
Aquí se va por la línea contraria: A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Construcción europea para canalizar ahorro y capital acumulado a través de crédito con el que dar salida a la capacidad productiva propia. Deconstrucción europea cuando el motor se ha gripado, y toca hacer el control antidoping de la EPO que con alegría se prestó en base a burbujas inmobiliarias y a excesiva laxitud al evaluar riesgos. Digno de estadistas.
Las deudas entre entidades financieras y entre estados e inversores es de tal calibre que todo el mundo es consciente que no va a cobrar todo lo que le deben. Hay un artículo del profesor Arriola que lo explica bien. En ese proceso de quitas futuras mientras se retrasan, se está produciendo una recomposición económica, política e ideológica de consecuencias imprevisibles.
Este tipo de medidas que nos ocupa, impuestas, sugeridas o paulinamente sobrevenidas van en esa direccion, me temo. O al menos pretenden un chantaje irresponsable sobre los estados a cambio de hacer lo que al final tocará hacer si no se quiere que todo el entramado EUROpeo se venga abajo. Es lamentable que se pretenda tener un espacio económico común y lejos de avanzar en su institucionalización política se estén dando pasos reaccionarios en ese sentido: instaurar y constitucionalizar una práctica que exige abrazar el neoliberalismo como ideología de gobierno necesaria es algo que me cuesta creer que se haya evaluado suficientemente. Un error grave, diferido en el tiempo, pero probablemente la medida más estructural y peligrosa que se ha tomado, porque no sólo debilita el estado social en el difícil tránsito de la crisis. Pretende jibarizar la actuación pública con o sin crisis.
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