Escocia ha decidido mantenerse dentro del Reino Unido. Con un compromiso compartido de profundizar su autonomía y una mayor vocación europeísta que la que pueda tener la propia Inglaterra, dicho sea de paso.
Sin embargo la opción de la victoria de la independencia
llegó a parecer factible en alguna encuesta. Los resultados lo han desmentido.
Sin embargo hay un elemento que ha sido bastante relevante. La relación fortalecida
entre la defensa de un modelo social que se pretendía vincular con la independencia,
frente a una propuesta de recortes y cuestionamiento de tal modelo social que
se relacionaba con las políticas impulsadas desde el centro londinense y el
Gobierno tory.
Empieza a ser común que los movimientos políticos que
aspiran a erigir sujetos políticos de soberanía única, aparquen las clásicas legitimidades
nacionales para buscar esa propuesta de salvaguarda de un modelo social como su
principal activo. Aspiran así a recoger la reacción de mayorías sociales ante
el deterioro de sus condiciones de vida, sus salarios, sus empleos o sus
prestaciones sociales.
En los propios resultados del referéndum escocés llama
la atención que la gran victoria independentista se dé en Glasgow, situada en
la segunda área metropolitana del Reino Unido, centro económico y comercial,
más cosmopolita que Edimburgo y evidentemente que las zonas rurales.
No parece descabellado pensar que Glasgow, cuna del
sindicalismo donde sigue erguida la estatua de Pasionaria, pero sobre todo,
donde se dobla la tasa de paro del resto del país, vote mayoritariamente
independencia como un rechazo a los efectos de políticas que considera
negativas y que vincula al centro de Londres y al riesgo de que tales políticas
se acentúen.
No comparto la idea de que la independencia de los
países sea la solución-fórmula para salvar el modelo social, sino más bien que
es necesario federalizar las distintas instancias de poder para reforzar el carácter democrático de un poder central en Europa. Sólo así se pueden ensanchar auténticas
alternativas a las actuales políticas de austeridad para que den dimensión
social al autogobierno de estados y entidades sub-estatales. Es mi opinión a
muy grandes rasgos, pero no es lo que quiero desarrollar aquí.
Más bien me interesa poner el foco en el enorme efecto
de disolvente de los vínculos sociales y ciudadanos que las actuales políticas
económicas y su legitimidad democrática están generando en las sociedades.
Un discurso dominante, privatizador, que pretende
disminuir la acción del poder público a la hora de garantizar determinadas contingencias
sociales, es un discurso que en el fondo dice: “hágalo usted mismo. Diseñe su vida con los recursos que sea capaz de
conseguir por su cuenta y opte en el mercado por lo que desee”. Si se
disuelven las dependencias mutuas, los lazos con los anónimos que lleva
implícito un modelo social ¿alguien puede extrañarse que resurjan con fuerza
lealtades identitarias con lo cercano?
Si además las políticas que se recetan desde esos
poderes difusos son políticas de recorte, de empobrecimiento, de inseguridades
¿alguien puede extrañarse que se vincule la oposición a esas políticas
socialmente rechazadas, con el retorno a lo conocido, a lo fragmentado, al
calor de las viejas certezas?
Si el ejercicio del poder se ha trasladado desde
espacios abarcables y conocidos por los ciudadanos, hasta el terreno difuso de
lo global, de los mercados, de troykas o cosas de ese tipo; si además se ha
hecho con un proceso de legitimación democrática inexistente o discutible y
pedagogía social débil, ¿alguien puede extrañarse, cuando las cosas vienen mal
dadas, de una reacción que reclame fragmentar los espacios de decisión
política, sea esta decisión racional o no?
Si no se es capaz de conjugar un nuevo compromiso por
la igualdad, la cohesión social, el derecho de ciudadanía vinculado al derecho
social, en definitiva un contrato social en el marco global europeo ¿alguien se
puede extrañar que todas esas aspiraciones de las mayorías sociales se vinculen
con fuerza a nuevos sujetos de decisión, sean nacionales, corporativos, de
renta, o de afectados de tal o cual problema?
La deficiente construcción política europea, el
ejercicio hegemónico del poder factico sin suficiente legitimación democrática,
y el ahogo que el austericidio supone
para partes crecientes de población, son un auténtico disolvente de relaciones
sociales, de dependencias compartidas, de laicidad identitaria.
Evidentemente la alternativa no es negar realidades
nacionales, ni proscribir problemas políticos, ni mucho menos la amenaza o el tancredismo. La alternativa debiera
pasar por reformular en un contexto de economía global y crisis sistémica, una
construcción política de Europa en un modelo federal de estados y de entidades
subestatales. Un refuerzo del valor de la ciudadanía compartida como elemento
de pertenencia ligado al derecho a algún nivel de inclusión social garantizada.
Una opción política sobre la igualdad redistributiva que vaya más allá de la
igualdad de oportunidades.
Las dinámicas políticas en Escocia o en Catalunya
tienen mucho de respuesta a esta situación, con otros elementos coyunturales
propios que poco tienen que ver unos con otros. La extensión de la opción
fragmentaria es real y puede calar de nuevo en territorios como el norte de
Italia y otros. Fragmentación no necesariamente nacional, sino de otros
intereses compartidos que aspiren a erigirse como sujetos de decisión.
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