Queremos más Europa, pero no esta Europa (Diario Vasco, 05-06-11)

Artículo publicado en el Diario Vasco, 05-06-11

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) que inequívocamente quiere más Europa, no quiere esta Europa. Para que la UE salga de la profunda crisis económica, social y política en la que la han sumido especuladores, financieros y malos políticos, el sindicalismo no puede actuar sólo. Debe hacer un llamamiento a la sociedad civil en su conjunto para que se movilice en defensa de los valores democráticos y solidarios del modelo social europeo, hoy tan severamente atacado. Esta es una de las conclusiones del recientemente celebrado XII Congreso, que ha tenido lugar en Atenas. La CES tiene 60 millones de miembros de 83 confederaciones nacionales de 36 países y 12 federaciones sectoriales. Es la organización social europea más importante, por tamaño y entronque en todas las sociedades europeas.


No sin debate, la CES ha superado la tentación de limitar la acción de los sindicatos al ámbito de cada país. Es fundamental fortalecer la capacidad de negociación y movilización trasnacionales. Este reto exige debatir sobre cómo articular esta capacidad desde los ámbitos nacionales o estatales, con los de ámbito europeo. Ante problemas globales, las respuestas segmentadas, la renacionalización de los discursos sindicales y políticos, el encerrarse en torres de marfil ni es deseable ni será efectivo. Entre los debates impulsados se incluye la posibilidad de promover una huelga general europea.


El Congreso ha realizado una crítica frontal de las políticas adoptadas por las instituciones europeas -Consejo y Comisión- en los últimos tiempos, en particular de las políticas de ajuste presupuestario y de reformas estructurales impuestas por el Ecofin y posteriormente consagradas en el Plan de gobernanza y el Pacto por el euro. Políticas que tienen un único objetivo: la reducción de los déficits públicos en un corto espacio de tiempo. El modo, casi exclusivo: recortar salarios, pensiones y gastos sociales, aumentar los impuestos indirectos y privatizar bienes públicos.

La aplicación de las más duras recetas del ideario neoliberal está teniendo un elevado coste social en numerosos países -del Sur y Este de Europa, pero también en Irlanda o el Reino Unido- y deteriorando seriamente el modelo social europeo y con ello el propio proyecto de la UE. El poder financiero -el que produjo la crisis- y unos gobiernos que parecen responder, casi al unísono, al peor pensamiento conservador están imponiendo que el coste de la misma la paguen exclusivamente trabajadores y clases medias. La UE ha renunciado a gobernar los mercados, sólo les ofrece para 'calmarlos' partes del bienestar social. A la banca privada se le rescató, sin límite de fondos y sin apenas condiciones y el BCE le presta al 1% en barra libre. A las naciones que necesitan ayuda se les presta al 6% y se le imponen condiciones leoninas que pagan sus ciudadanos menos pudientes. Y estas condiciones -recortes salariales, sociales y de inversión pública con la consiguiente caída del empleo- deprimen aún más la demanda interna, y pueden hacer caer a las economías en una profunda espiral depresiva. Cuando se prescinde de los valores democráticos y sociales fundamentales, se gobierna al dictado de las élites que ayer generaron la crisis y hoy imponen sus recetas para la salida, si el haber alcanzado 23 millones de parados (casi cinco en España) no mueve a priorizar ninguna iniciativa para la creación de empleo, si se deteriora el modelo social europeo, las consecuencias no serán sólo un mayor alejamiento de la ciudadanía de las instituciones europeas, lo que se pone en riesgo es la propia Unión.

La CES ha planteado alternativas para asegurar la estabilización de las finanzas públicas, al tiempo que se promueve el crecimiento y el empleo. Para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas: que el Fondo de Estabilidad Financiera preste a tipos de interés moderado y plazos largos de vencimiento, que se proceda a emitir eurobonos, se regule con rigor el sistema financiero, se erradiquen los paraísos fiscales y se establezca un impuesto a las transacciones financieras.

Para que se cumplan los objetivos de déficit y deuda del Plan de Estabilidad y Crecimiento: que se alarguen los plazos hasta 2016/2017, se acuerde con los interlocutores sociales el modo de lograrlo compartiendo cargas, se actúe sobre los ingresos incorporando la armonización fiscal a la gobernanza económica y, por una vez, que el Pacto sea también de 'crecimiento'. Para el gobierno económico de Europa: que además de la política fiscal incluya otras como la industrial, energética y medioambiental, promueva el cambio de modelo económico hacia una economía verde para garantizar un desarrollo sostenible y que el cambio se produzca bajo los principios de una 'transición justa', negociada con los interlocutores sociales.