Huelga no es delito

Se solicitan penas de hasta 3 años de cárcel para  un sindicalista de Navantia y dos afiliados a CCOO. 8 sindicalistas de Airbus se enfrentan a peticiones de 66 años de cárcel por ejercer el derecho a la huelga. La fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para la secretaria general de Illes Baleares de CCOO, por hechos sucedidos en la huelga general de marzo de 2012, sobre los que no existe ni una sola prueba.

Manifestación solidaridad con los imputados Airbus

No son noticias sacadas de otra época. Son una breve reseña de los 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes del sindicato, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal. En opinión de CCOO, se trata de una restricción ilegítima de los derechos democráticos y de una nueva vuelta de tuerca en la cruzada que ha emprendido el Gobierno contra las organizaciones sindicales. 

No cabe duda de que se pretende amedrentar al activo sindical a la hora de desarrollar un derecho fundamental como es el de la huelga. También es evidente que no lo conseguirán, ya que la huelga no es más que la expresión del conflicto latente en las relaciones económicas y laborales. Aplicar políticas que deterioran la posición de las y los trabajadores tanto en el campo laboral como en el social, es agudizar ese conflicto, y el sindicato no es más que una herramienta de organización del mundo del trabajo.

Se está instalando en las élites dirigentes, tanto políticas como económicas, un neo-autoritarismo que pretende coartar el ejercicio de derechos fundamentales. El modelo social característico de las sociedades de nuestro entorno consistía entre otras cosas en un compromiso compartido y “constitucionalizado” para que el poder público se responsabilizara de una serie de necesidades de las personas a lo largo de la vida: la salud, la educación, el derecho laboral, determinadas contingencias que surgen a lo largo de la trayectoria laboral, la jubilación, incluso las situaciones de dependencia… Además de forma paulatina conseguimos que estas necesidades cubiertas fueran exigibles al poder público. Es decir, que fueran derechos.

Katiana Vicens, S.G. de Baleares durante una huelga

En un momento en el que se considera ese modelo social como un lastre para el desarrollo económico y en el que hay una ofensiva ideológica para desmontarlo, se pretende romper la posibilidad de exigencia de esos derechos. Saben que hay un amplio consenso ciudadano en torno al modelo de responsabilidad pública sobre estas cuestiones, y nadie que pretenda gobernar (al menos elegido por votos) puede aun plantear abiertamente su eliminación o jibarización.

Por tanto se trata de relativizar garantías, posibilidades de exigencia de derechos y, muy importante, deteriorar o laminar el papel de las organizaciones que están en la base de muchos de esos derechos.

No es sólo la huelga. Son las tasas judiciales para evitar el recurso ciudadano a la reparación de la justicia. Es el deterioro de la imagen de lo público intentando relacionarlo con la ineficacia. Y por supuesto, es debilitar la capacidad de actuación de los sindicatos.

Criminalizar el ejercicio del derecho de huelga no es un verso libre en todo este movimiento. El sindicalismo de clase está siendo sometido a una intensa campaña de descrédito. Nuestras herramientas de actuación pretenden limitarse o eliminarse. La interlocución social de las organizaciones representativas de las y los trabajadores (eso somos los sindicatos) se pretende llevar a vía muerta.

Al igual que la capacidad de los convenios colectivos de dar cobertura al conjunto de los trabajadores de una empresa o un  sector. Si se pasa de que 80 de cada 100 trabajadores tengan un convenio colectivo de referencia, a una tasa del 25 o el 30%, la desregulación total del mercado laboral estaría más cerca. Para la ideología que pretende ser hegemónica, el mercado laboral no es más que otro mercado, como una lonja de pescado o una tienda de tornillos.

Huelga General del 14-N en Bilbao

En esta dinámica destinada a reducir costes laborales, desprenderse del modelo social como fórmula de competitividad económica y evitar el derecho ciudadano a la reclamación, tanto jurídica como a través de la movilización social, debiéramos entender las actuaciones contra nuestros compañeras y compañeros.

CCOO no es ni un médico forense que determina el por qué de las muertes, ni va a caer en lamentos de plañidera. Debemos entender la profundidad de las cosas para actuar en consecuencia. Ante el intento de deslegitimarnos, ejemplaridad y transparencia. Si pretenden dejarnos sin herramientas de acción sindical, nosotras y nosotros a tratar de rescatarlas. Si se quiere podar nuestra legitimidad representativa, a reforzar nuestra legitimidad organizativa que se concreta en afiliación y representación en las empresas, presencia en los centros de trabajo, confederalidad para multiplicar lo que pretenden restar.

Eso sí, la solidaridad es parte de nuestro ADN. No les vamos a dejar solos ni solas. Ánimo compañeras y compañeros. La huelga no es delito.