Una legislatura perdida. Pues menos mal…

Escuchaba a algún comentarista crítico con la legislatura que finaliza decir que había sido “una legislatura perdida”. “Pues si la llegan a aprovechar…” pensé. Y es que la legislatura de Mariano Rajoy al frente de una mayoría absoluta parlamentaria puede evaluarse de muchas formas pero se ha utilizado para introducir cambios de hondo calado en cuestiones muy relevantes.

Se citarán sólo tres ejemplos que reconfiguran el marco de protección laboral y social de este país y merecen una revisión en profundidad de forma inmediata por el próximo ejecutivo y legislativo, salvo que queramos que se consolide un país más desigual, con menos derechos y menos garantías legales y fácticas para la mayoría social y trabajadora.

La reforma laboral. Su objetivo fue promover la devaluación salarial, introduciendo cargas de dinamita en el sistema de negociación colectiva, e incrementar el poder autoritario del empresario en la gestión de las relaciones laborales.

Para ello se limita la ultraactividad de los convenios. Por decirlo gráficamente el convenio pasa de ser una especie de ley entre partes (y que por tanto está vigente hasta que es derogada por otra que le sustituye) a una especie de contrato (y por tanto vigente sólo durante su duración del mismo y una prórroga de  un año). Consecuencias: riesgo de desaparición de convenios, menos personas trabajadoras protegidas y una espada de Damocles sobre la negociación del convenio, debilitando la posición sindical.

Se incrementaron de forma cualitativa las posibilidades de despido y modificación a la baja de lo pactado en los convenios. Las causas de previsión durante algunos trimestres de caída en la facturación es el ejemplo más sangrante de cómo permitir que las empresas dispongan casi con libertad plena de la aplicación o no de lo pactado, y puedan ejercer el despido como arma disciplinaria aunque llamada de otra forma, fomentando además la indeseable flexibilidad externa (contratación precaria y despido fácil) como elemento de ajuste al ciclo económico.

Se permitió que lo pactado en convenio de empresa tuviera aplicación preferente a lo pactado en convenio sectorial. Esto en un país donde la inmensa mayoría de empresas son pequeñas, medianas o microempresas es una invitación a la rebaja de condiciones de trabajo. Cabe recordar que las empresas con menos de 6 trabajadores/as no pueden elegir representación sindical, y que los comités de empresa no se pueden elegir hasta las empresas de más de 50 personas trabajadoras.

La reforma laboral de 2012 unida a algunos aspectos de la de 2010, supone el mayor bombardeo legal sobre el sistema de derechos laborales y organización colectiva de las y los trabajadores que hemos conocido. Su revisión en profundidad y derogación es necesaria para ir a un modelo diametralmente distinto.

La reforma de la prestación de desempleo. En el nefasto 2012 el Gobierno impulsó cambios en la regulación de la prestación de desempleo para rebajar la cuantía de las prestaciones y el número de personas que la podían recibir. El RDL 20/2012 modificó el porcentaje para el cálculo de la prestación a partir del séptimo mes, reduciéndolo del 60% al 50 % de la base de cotización. Estos diez puntos equivalen en realidad a una reducción del 16,7 % en la cuantía de la prestación.

El efecto fue inmediato y se pasó de un gasto de 31.678 millones de euros en 2012 a 20.569 millones en 2.014. Una reducción del gasto del 22% nominal y el 25% real, en un momento de brutal tasa de paro y de incremento del de larga duración. Sadismo social se puede decir.

En todo este tiempo ha caído el porcentaje de personas protegidas por la prestación contributiva de desempleo, el número de personas y familias sin ningún tipo de prestación, y la cuantía media de las mismas. El gasto medio por beneficiario ha caído desde el año 2008 un 34% en términos reales. Las prestaciones contributivas han pasado de los 843 a los 779 euros de media entre 2012 y 2015 (obviamente sin cerrar el año)

En materia de Seguridad Social y Pensiones. El Gobierno ha deteriorado de forma importante los fundamentos del sistema de pensiones público y de reparto, disponiendo del fondo de reserva (hucha de las pensiones) y reformándolo unilateralmente. Ha puesto en riesgo, esperemos que no definitivo, el consenso sobre el sistema público.

Cuando se había situado la previsión de gasto en pensiones para el año 2050 en un 14% del PIB (cifra alta pero en términos comparados, perfectamente asumible) y el reto era mejorar la estructura de ingresos del sistema, el Gobierno ha hecho todo lo contrario.

En 2012 y mediante Real Decreto Ley el Gobierno se otorgó la opción de disponer de recursos del fondo de reserva para cosas y en cuantías distintas a las que estaba previsto. Entre 2012-13-14 se “sacaron de la hucha” 33.900 millones de euros. Hemos pasado de 63.400 millones a unos 39.500 en la actualidad. En 2015 y 2016 se ha auto-otorgado seguir por esa línea.

Además el índice de revalorización de las pensiones, aunque aún no ha tenido efectos de pérdida de poder adquisitivo por la baja inflación (si obviamos copagos y otros gastos asociados sobre todo a personas pensionistas, claro…) lo tendrá en un futuro, cuando se estabilicen los precios.

El llamado factor de sostenibilidad que liga la cuantía inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida a partir del 2019, y que por su automaticidad acarreará con toda probabilidad una bajada sustancial en las pensiones futuras.

Por tanto un sistema que estaba, digan lo que digan, bien encaminado para su sostenibilidad si se tomaban medidas sobre ingresos y sobre separación de la financiación (por ejemplo todo el gasto administrativo de la seguridad sigue pagándose desde las cuotas en lugar de desde los PGE); un sistema que sólo entró en déficit con más de 5 millones y medio de parados y perdiendo 3 millones de cotizantes en 4 años; un sistema que estaba regulado para hacer frente al futuro con más pensionistas, que cobrarían la pensión durante más años, y pensiones de mayores cuantías, se ha puesto en solfa por la voluntad del Gobierno saliente.

Son sólo tres cuestiones, pero todas de una importancia central para el futuro. Si esto es una legislatura  perdida, no quiero pensar en una aprovechada… No sería malo conocer con el mayor detalle posible las propuestas de todos los partidos políticos en estas materias en caso de que tuvieran posibilidad de gobernar o de condicionar futuros gobiernos.