Infundado optimismo

(artículo publicado en el Correo el 29 de abril)

Este Primero de Mayo se desarrollará, a diferencia de los anteriores, con un exceso de optimismo desde los mensajes oficiales respecto a la recuperación económica. Desgraciadamente, ese discurso tiene más que ver con coyunturas políticas y electorales que con el día a día de la gran mayoría de las personas.

La mejora de algunas cifras macroeconómicas no puede ocultar realidades palpables. Las tasas de desempleo, ocupación o cotización a la Seguridad Social se han deteriorado intensamente en los últimos años. En la CAPV sólo el 47% de las personas está trabajando, llegando esa proporción al 63% de los potencialmente activos. Lejos, muy lejos, del objetivo de la estrategia Europa 2020 que tiene por objetivo que el 75% de las personas de 20 a 64 años tengan un empleo. En el ámbito estatal los datos son directamente catastróficos.

Estas malas tasas del empleo se ven agravadas por los efectos combinados que han provocado las últimas reformas laborales y las actitudes de algunos agentes sociales vascos. La tasa de trabajadores cubiertos por convenios colectivos está disminuyendo gravemente, y es un paso previo a la desregulación intensa del mercado laboral y una invitación a la caída salarial como elemento de dumping entre empresas.

La evolución de la renta media o el nivel de deuda pública sigue siendo alarmante en España. En Euskadi a datos corrientes, la recaudación fiscal era al finalizar 2013, inferior en 2.000 millones de euros a lo recaudado en 2007. Un 15% de caída en un periodo en el que la disminución del PIB es de 1,9 puntos. La bajada de la presión fiscal es el paso previo al deterioro de los servicios públicos y la inversión de las administraciones.

Revertir estos efectos es imposible desde las políticas de austeridad. La llamada devaluación salarial y social ha sido una fórmula de salvaguarda de los intereses de acreedores financieros tras la orgía crediticia previa a 2007.

Pero ahora son ya una fórmula para desequilibrar de forma radical los consensos y los contratos sociales de nuestros países. Por tanto están dentro de un planteamiento político que está teniendo, entre otras consecuencias, la uniformidad de la acción de Gobierno en países con mayorías sociales nominalmente de izquierdas. Lo ocurrido en Francia es la última muestra palpable.

Se está dando un planteamiento de distribución regresiva de renta. Es decir, políticas fiscales que van a gravar más, relativamente, a quien menos renta tiene. Una disminución salarial y desregulación de derechos laborales como fórmula de supuesta competitividad y de incrementar los excedentes empresariales. Un debilitamiento de la acción colectiva, sindical, social e institucional, para favorecer la preeminencia de las élites económicas.

El sindicalismo tal como lo entiende CCOO no puede ser un ejercicio de medicina forense. Aspiramos a modificar la correlación de fuerzas desde el mundo del trabajo para promover políticas más sociales, más inclusivas, más democráticas y que generen empleo de calidad.

Para ello es fundamental combinar dos actuaciones. Un cambio en la orientación de distribución de renta combinando aspectos de política salarial, fiscal y de inversión pública. De forma paralela un fortalecimiento de la organización democrática. El cambio en el contrato social no puede hacerse contra la mayoría social, y ahí tenemos que insertar nuestra acción  y nuestra propuesta.

Conjuntamente con la Confederación Europea de Sindicatos, que se manifestó el 2 de marzo por las calles de Bilbao, planteamos un Plan de Inversión del 2% del PIB de la Unión durante 10 años. No como agregados de planes previos, sino como un plan paneuropeo que actué como motor de arranque sostenible ante la atonía económica.

En España hemos planteado un pacto de renta sustentado en una potente propuesta fiscal, una política salarial para recuperar poder de compra, y medidas sobre precios e inversión pública.

La situación de Euskadi es especialmente paradójica. Con buena parte de la competencia fiscal en el territorio y más del 70% de las y los trabajadores regulados por convenios colectivos de ámbito vasco, sería perfectamente posible explorar marcos de redistribución de riqueza que hicieran compatible fortalecer el sector exterior e industrial vasco, con activar la demanda interna y mejorar la recaudación fiscal. No sería fácil, pero si posible.

Por el contrario nos hallamos ante una voladura controlada del modelo de negociación colectiva y de diálogo social. A través de una acción combinada de una patronal que se diluye a pasos agigantados y el sindicalismo corporativista de ELA, acompañado incomprensiblemente por LAB, al menos desde una perspectiva sindical (otra cosa serían las valoraciones de coyuntura política).

Con esta correlación de fuerzas sindicales no es posible establecer un marco vasco en la negociación colectiva. Tampoco establecer un modelo sindical de auténtica influencia sobre la gestión de los cambios que de forma cada vez más rápida se darán en las empresas, los cambios tecnológicos, las necesidades de cualificación profesional, etc.

Pero esto no va sólo de equidad en la distribución de renta. Va de recuperar la soberanía social que el poder económico ha superado por elevación. Para eso necesitamos constitucionalizar un espacio europeo, es decir unas reglas que enmarquen políticas fiscales, presupuestarias y regulatorias. Desde preferencias democráticas, y no  desde el ventajismo del poder económico sin contrapesos.

Necesitamos federalizar espacios de intervención estatal y nacional, ampliando la calidad democrática, y vertebrar la sociedad. Las certezas del proceso constituyente español están siendo superadas por una percepción de agotamiento del modelo, producto de muchas causas. La política no puede hacer mutis por el foro, nunca mejor dicho.

Desde la mejor tradición internacionalista del movimiento obrero vasco, nacional, confederal y de clase, el 1 de mayo invitamos a la ciudadanía a estar en las calles de Bilbao.