El sistema público de pensiones es viable si hay voluntad política de que lo sea

“En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”, rezaba la máxima ignaciana para recomendar no dar saltos mortales cuando las cosas están condicionadas por los malos momentos y las crisis. Sin embargo en materia de pensiones ocurre más bien lo contrario. Es  precisamente cuando las cosas pintan bastos en el terreno económico cuando arrecian los mensajes que pretenden desacreditar la viabilidad del sistema de pensiones, público y de reparto, en España.

No es la primera vez que ocurre y no es la primera vez que se hacen predicciones catastróficas sobre el futuro de las pensiones públicas que luego el tiempo se encarga de desmontar. Sin embargo, este cuestionamiento, que se pretende hacer pasar como técnico, encierra opciones políticas e intereses económicos muy identificables.

En primer lugar y aunque sea redundante, la primera discusión sobre el mantenimiento o no de una sistema de pensiones público y suficiente es política. Una sociedad tiene que decidir qué porcentaje de la renta que genera decide destinar a pagar pensiones. Si la decisión es que en efecto, se quiere mantener un sistema público, toca discutir sobre cómo financiar el mismo.

Lo que ha ocurrido en los últimos años en España tiene que ver con la confusión interesada de los brutales efectos de la crisis económica sobre el empleo y sus consecuencias en la relación entre ingresos y gastos de la seguridad social, con los parámetros estructurales del sistema público de pensiones. Es decir se está confundiendo lo coyuntural con lo estructural para volver a lanzar la idea-fuerza de la insostenibilidad del sistema público.

Vayamos por partes. El actual déficit que arroja “la caja de las pensiones” tiene que ver con la destrucción de empleo, la caída de la ocupación y con los menores recursos de las cotizaciones, evidentemente. Pero también con medidas que están deteriorando la estructura de ingresos del sistema.

Para que nos hagamos una idea entre 2007 y 2014 han caído en más de 2 millones y medio el número de afiliados ocupados. El número de cotizantes desde la situación de desempleo se sitúa en el 12% del total.

Mientras que en el último año el incremento de la afiliación a la seguridad social es del 3,42%, la cantidad efectivamente recaudada sólo sube un 0,94%. Algo tendrá que ver la baja calidad del empleo generado, el hecho de que los cotizantes a tiempo parcial se sitúen en el 34% (diez puntos más que en 2007), o que los salarios medios de las personas con menos de un año de antigüedad sea el 69% del salario medio general.

En efecto, el empleo de  baja calidad y la devaluación salarial es un lastre para la sostenibilidad del sistema de pensiones.

No sólo es eso. Medidas como las tarifas planas que suponen drenar recursos al sistema o la retirada de recursos del Fondo de Reserva de las pensiones por parte del Gobierno (33.900 millones entre los años 2012-13-14) aceleran la percepción pública de deterioro del sistema.

Algunas polémicas estériles en Euskadi tampoco ayudan a sosegar el panorama, y sería bueno que se aclarasen los términos sobre a qué se refiere el Gobierno Vasco con la transferencia de la “gestión del régimen económico de la seguridad social”. Se ha dicho que le otorgaría 7.000 millones más en el presupuesto de la CAPV, para a continuación decir que no se cuestiona la titularidad de los fondos por parte del Estado, ni se plantea la ruptura del sistema integrado de recursos y gastos, con lo cual estaríamos hablando básicamente de una transferencia administrativa y una interpretación novedosa del texto estatutario. De indudable calado político y que no hay porque despreciar desde el trazo grueso que genera alarma, porque no tendría incidencia en la actual diferencia entre ingresos de cotizaciones en Euskadi y gasto de pensiones en Euskadi, que arroja un déficit de unos 1.900 millones de euros.

Sin embargo las dificultades del momento actual y las medidas sobre ingresos y mercado laboral que ha adoptado el Gobierno, no debieran hacernos perder la perspectiva. En España se han ido tomando medidas sabiendo que en las próximas décadas se van a pagar más pensiones, durante más tiempo en función de la evolución de la esperanza de vida y de mayor cuantía.

En esa lógica tras las reformas pactadas hasta el año 2011, el Estado tenía adecuadamente situada la cuestión de las pensiones. Ahora necesitábamos abordar la cuestión de los ingresos. Según la Comisión Europea, para 2050 (año donde se prevé la jubilación de las cohortes más numerosas de las generaciones del baby boom) la previsión de gastos era del 14% del PIB con unos ingresos del 10,9%. Es un desfase importante pero gobernable. El porcentaje de mayor gasto previsto en porcentaje sobre PIB, sería similar al que hay hoy asumen países de nuestro entorno económico (Francia, Italia o Austria). Las medidas destinadas a mejorar los ingresos, así como la aportación desde la imposición general tenían tiempos razonables de adaptación.

Sin embargo al calor de las políticas de consolidación fiscal y reducción del déficit público, el Gobierno ha optado por otro tipo de medidas. Las sucesivas reformas pretenden situar el gasto en 2050 en el entorno del 10,5% del PIB sobre todo a través del llamado Factor de Sostenibilidad y del mecanismo de revalorización. En vez de apostar por mejorar ingresos dentro de parámetros sostenibles, han ido a reducir gasto por la vía de empeorar futuras pensiones.

No es la salida óptima tampoco la apelación genérica a “que se pague todo desde impuestos y presupuestos generales”, porque la estructura fiscal del país haría que fueran los tramos intermedios del IRPF y el IVA, es decir, la mayoría social trabajadora, la que tendría que asumir la mayor parte de ese coste, mientras que con el peso actual de la financiación de cotizaciones, se sostiene desde la aportación del conjunto del aparato económico del país.

Hay medidas aún por tomar, como la imputación de los gastos de funcionamiento administrativo del sistema a los presupuestos generales porque hoy se paga desde cuotas, incrementar el salario mínimo, incrementar los topes máximos de cotización etc. Y hay medidas que revertir como la actual formulación del índice de revalorización (que conllevará una abultada pérdida de poder adquisitivo cuando haya IPCs más altos) o el factor de sostenibilidad (que empeorará la pensión inicial según se alargue la esperanza de vida, renunciando de forma a priorística elementos compensatorios de ingresos que pueda sostener la marcha de la economía).

Pero no caben discursos fatalistas en materia de pensiones. El sistema público y de reparto es viable y factible si hay voluntad política de que lo sea, con una lógica de contributividad (relación entre lo que se aporta y se percibe) y elementos de aportación adicional de ingresos.