Des-encorsetar los presupuestos

CCOO estará el martes 23 de diciembre en los aledaños del parlamento vasco, para reclamar desde la calle unos presupuestos de compromiso social y efectivos para el relanzamiento económico. Para ello sería necesario que las instituciones se conjurasen para aligerar los pesados corsés que hoy lastran cualquier presupuesto público.

Los términos del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo, sus normas de disciplina fiscal y los efectos derivados en España y en propio ámbito de la autonomía vasca, topan el límite de déficit en el 0,7% del PIB de la CAPV (el previsto para 2015 ascendería a 67.081 millones de euros).

La carga de la deuda consignada en presupuestos asciende a unos 983 millones de euros (279 de intereses). Es decir un 9,3% del presupuesto.

Por si fuera poco los gastos fiscales, entendidos como “costes” o ingresos que se dejan de recaudar por todo tipo de incentivos o exenciones suponen importantes cuantías. Un 30% del total de la recaudación potencial. Por poner algún ejemplo y según datos del propio presupuesto más de 317 millones en el impuesto de sociedades o más de 181 por impuestos sobre el patrimonio y las grandes fortunas, ó 94 sobre transmisiones patrimoniales.

Tengamos en cuenta que la presión fiscal en Euskadi se sitúa según datos del CES vasco en un 35.6% (incluyendo cotizaciones sociales), es decir, más de 3 puntos por debajo de la media de la Europa a 27. Por ello debiera haber una apuesta interinstitucional para que la política fiscal juegue un papel más ambicioso. 

Se necesitan mejorar los recursos públicos sin incidir en un déficit que lleve a un mayor endeudamiento, que acabe por abultar el pago del servicio de la deuda. Sería una mayor carga para futuros presupuestos.

Junto a esta necesidad de reducir los corsés presupuestarios que limitan el necesario empuje económico de la acción pública, queremos reivindicar más cosas. Las partidas destinadas al empleo y la protección social son las que más suben junto a la deuda. Es verdad que por una asignación más realista en las partidas de RGI, presupuestadas de forma muy insuficiente en el último año, aun sabiendo que es un derecho subjetivo y por tanto exigible.

Nos parece fundamental que todo lo referido al empleo se vehiculice a través de espacios tripartitos como los que hemos puesto en marcha y que debieran reforzarse en la segunda parte de la legislatura.

Por otro lado, hay determinadas partidas sociales que no van a ser suficientes para cubrir las necesidades que se generen en 2015, como ya ha ocurrido en el año que estamos a punto de cerrar por ejemplo, en ayudas de emergencia social o a la conciliación. Más allá de las partidas que se presupuesten, necesitamos compromisos políticos para que en la ejecución a lo largo del año pueda habilitar partidas adicionales que garanticen coberturas suficientes.

Sin duda en la calidad de empleador, el Gobierno Vasco tiene un papel que jugar para mejorar la situación de confrontación que existe con la mayoría de las y los empleados públicos del país. Los incrementos presupuestarios están por debajo de las previsiones de mejoras de recaudación en los grandes apartados de sanidad y educación, sin recuperar las cuantías de 2012.

Y por último es necesario que las políticas de dimensión industrial sean reforzadas y compartidas con los agentes sociales ante las dificultades que va a seguir habiendo.

Las propias previsiones económicas del Gobierno sitúan una atonía en el sector exterior y en el gasto procedente de las administraciones públicas, mientras que la demanda interna será el principal elemento tractor para 2015 según las previsiones de Lakua. La creación de empleo y la distribución salarial son claves para que ese factor sea efectivamente el decisivo.

Pero las instituciones no pueden limitarse a situarse expectantes ante esa posibilidad en el burladero liberal de “favorecer el entorno económico”. Hay que ser más proactivo. La política de distribución de rentas y ensanchar los márgenes de la políticas fiscal. Ese debiera ser el empeño.

Para eso vamos a la calle, para exigir más ambición institucional ante las crecientes necesidades ciudadanas y los problemas del mundo del trabajo. De la misma manera que estamos en las mesas de negociación con propuestas coherentes con lo que venimos defendiendo. Cohesión social como seña de justicia social y también como vector de crecimiento económico sostenible.