El ciclo de elecciones políticas,
la mejora en las cifras macroeconómicas y la recuperación estadística del
empleo van a impulsar un mensaje-fuerza del Gobierno de Rajoy, con matices del resto de ejecutivos, así como de las instancias supra-estatales
que impulsaron las políticas económicas desde el año 2010: “La economía y el empleo se
recuperan como consecuencia de la aplicación acertada de políticas de
austeridad y de reformas estructurales”
Tenemos que construir un relato
alternativo y más afinado que de forma comprensible explique que las políticas de austeridad no han sido las
que han hecho superar la recesión, sino que la han inducido y alargado. Situar
la redistribución de riqueza como un
elemento central para una recuperación equitativa, tras esta larga y demoledora
crisis. Ubicar el papel del sindicato
en ese proceso de redistribución cohesionadora que genere derechos y garantías, en un cambio de paradigma profundo.
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| Mural con motivo del 1º de mayo pintado en 1985 en Castronuño (Valladolid) |
La intensidad del proceso de
consolidación fiscal (reducción del déficit por la vía de la reducción del
gasto y el incremento impositivo) y de devaluación salarial, son proporcionales
al retraso para adoptar medidas globales en el ámbito europeo. Medidas de
política monetaria, sobre los tipos de interés o incluso de forma tímida,
insuficiente y poco realista de carácter presupuestario (proyecto de Plan Juncker). Es decir, no es el efecto de la
austeridad sino la relajación de la misma la que oxigena la actividad económica
y permite algún crecimiento.
Sin embargo las reformas
estructurales realizadas en este largo quinquenio, son un elemento estratégico
que va a condicionar el modo de distribución de ese crecimiento y el modelo de
la hipotética salida de la crisis. En materia laboral, se instala un modelo desestructurado
de negociación colectiva, poniendo las bases de la precarización, fragmentación
y desregulación del marco laboral. De fondo la apuesta de la competencia vía depreciación de salarios en los
países con más desequilibrios de Europa.
Hay una apuesta regresiva en la
distribución de la riqueza como indican todos los índices de evolución en el
reparto de renta. Pero es que también hay una abdicación del papel inversor del
conjunto de administraciones públicas tanto en términos absolutos como relativos.
En el año 2014 el estado dedicó el nivel de inversión más bajo de la democracia, apenas el 2% del PIB.
Esta deriva sólo puede modificarse
reformulando los sistemas fiscales (de ingresos y presupuestos) desde la voluntad
y ambición política, pero también siendo conscientes de la creciente dimensión
global de los agentes económicos que eluden su corresponsabilidad fiscal. Si
no, seguiremos siendo quienes percibimos rentas “controlables” los principalísimos sostenedores de recursos
públicos.
De igual manera, la distribución
primaria vía salarios que se genera en la empresa debe reforzarse. Teniendo en
cuenta los nuevos paradigmas de la realidad productiva y sin renunciar a la necesaria
pero incierta revisión de la reforma laboral.
Estos dos terrenos de acción aluden
directamente a dos vertientes fundamentales del sindicalismo de clase. Nuestro
papel en la influencia sobre políticas que afectan al conjunto de personas a
las que aspiramos a representar en la sociedad y en la empresa. Y en estos
terrenos el sindicalismo debe resituarse.
Las certidumbres de un modelo en el
que teníamos una capacidad notable de generación de norma (a través del
convenio sectorial y el diálogo social) se ven cuestionadas en el nuevo marco
legal, por la escasa voluntad gubernativa y patronal de consolidar marcos de
derechos y de generación concertada de los mismos.
Pero incluso en el caso de la
deseable reversión normativa y de voluntad política, la actual forma de
organización empresarial, su dimensión y sus relaciones múltiples, complejizan
las fórmulas simples de generación y aplicación efectiva de norma legal (ley) o de norma
producto de la autonomía colectiva (convenio).
El sindicato concebido como
productor de norma y centinela de su
cumplimiento, es decir, un sindicato que se podría permitir actuar “a
demanda”, queda cojo en el nuevo escenario. La generación normativa ha
de ir acompañada de presencia organizada en el centro de trabajo. Para velar por su cumplimiento, para
constituirse como parte necesaria en la adaptación a las especificidades de la
empresa multiforme, y para gobernar relaciones entre trabajadores cuyo interés común no siempre es fácil desentrañar en apelaciones simples a la
unidad de clase.
Requiere de presencia sindical
cualificada, con mirada periférica y conceptualizaciones ideológicas y
organizativas potentes, para ejercer
prácticas de deliberación colectiva entre diferentes. Necesario ante el riesgo
de creciente corporativización de intereses que se puede dar en los multicentros de trabajo. Sindicalismo proactivo y “de oferta”: que está y que se le espera.
Casi todas las reformas que han
modificado el marco laboral tienen un nexo común: el intento de debilitar la
acción colectiva coordinada más allá de la empresa. No el sindicalismo en
abstracto, sino lo que en nuestra cultura denominaríamos “confederalidad”. Es obvio en la reforma laboral, donde frente a
modelos articulados de convenios y predisposición sindical a buscar fórmulas
que permitieran combinar garantía de derechos y cauces de flexibilidad pactada
para adaptarse a cambios, se optó por desmembrar los convenios, incrementar el
poder de decisión empresarial, y generar figuras “ad hoc” a-sindicales y prevalencia a lo pactado en la empresa.
Pero también aparece en la reforma
de la formación para el empleo, donde bajo la coartada de la "sacar" a los agentes sociales de la “impartición” de
la formación, se diluye la capacidad de configurar, diseñar, y planificar un
elemento tan importante como la formación y cualificación continua en el
empleo.
Son dos ejemplos, pero no menores.
El sindicalismo de clase no puede renunciar a la acción de las superestructuras como contraparte para
generar norma y poder sindical. Pero esta se va a nutrir de las legitimidades
que ganemos en la acción sindical en el centro de trabajo, y a la vez tiene que
alimentar esa acción de la “infraestructura”
con eleméntenos de utilidad sindical. Incluso haciendo de la necesidad, virtud.
El nuevo paradigma de organización empresarial y sus consecuencias en la
composición variable de la clase, abre una puerta a la corporativización, es cierto. Pero también a las organizaciones de
suficiente dimensión, y porosidad sectorial y territorial para aglutinar e
interpretar intereses diversos.
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| -"No sé como lo ves..." |
El actual modelo de negociación
colectiva tiende a la atomización y a la ruptura de marcos básicos de derecho y
regulación laboral, pero a la vez ofrecen la opción al sindicato de erigirse en
escudo necesario en el centro de trabajo, tratando de superar los efectos desincentivadores de la afiliación que tienen los sistemas de aplicación general de lo pactado (efecto erga omnes)
que rige en nuestra legislación (y que debe seguir rigiendo).
La nueva situación de la formación
para el empleo incluso debiera incentivarnos a reforzar el papel de
facilitadores del acceso de las y los trabajadores a la formación, orientando
en los itinerarios que discurren entre la formación reglada, formación para el
empleo, reconocimiento de las competencias en base a la experiencia
profesional, buscando una coherencia a esos itinerarios, a la luz de las
previsibles evoluciones que detectemos en el tejido productivo.
En definitiva, reorientar la organización
y sus estructuras a retos cambiantes, que exigen cosas distintas para reforzar
nuestra legitimidad y nuestra base afiliativa, como cauce de generación de
derechos y garantías en el actual contexto.
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